Desirée Navarro, activista y defensora de derechos humanos, subraya el creciente y preocupante aumento de la violencia, particularmente contra mujeres trans, como una clara indicación de la falta de políticas públicas contundentes para combatir esta cultura de violencia de género.
A pesar de la presencia de organismos de la sociedad civil y entidades gubernamentales como los Consejos para Prevenir o Eliminar la Discriminación, que emiten pronunciamientos a favor de los derechos de la comunidad LGBTYQ+, México carece de una estrategia integral que traduzca estos pronunciamientos en acciones concretas, legislación y medidas judiciales y de seguridad en beneficio de esta comunidad.
La Comunidad LGBTYQ+ en riesgo cuando viaja
En lo que va del año, se han registrado cinco asesinatos de mujeres trans, entre ellos casos ampliamente divulgados como los de Samantha Fonseca, Miriam Ríos y Gaby Ortiz, señalando una urgencia crítica de implementar medidas adecuadas y efectivas.
Desirée Navarro señaló que el entorno político y social generado por el proceso electoral en México podría agravar aún más la situación, incrementando el riesgo para la comunidad LGBTYQ+.
Datos de la organización internacional Transrespect indican que México ha registrado 701 asesinatos de esta población entre 2008 y septiembre de 2023, consolidándose como el segundo país con más casos a nivel mundial, únicamente superado por Brasil.
La activista hace hincapié en la necesidad de incluir en las agendas legislativas tanto del Congreso federal como de los congresos estatales la lucha contra la discriminación hacia la comunidad LGBTYQ+.
Esta inclusión deberá ir acompañada de la participación activa del poder judicial y del sector educativo para abordar de manera integral esta problemática, generando conciencia y promoviendo la tolerancia en todo el territorio nacional.
La falta de una estrategia nacional eficiente no solo perpetúa la vulnerabilidad de la comunidad LGBTYQ+, sino que también resalta la urgencia de medidas concretas para revertir la violencia y promover la igualdad de derechos.
